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Un exceso de los TBI
es ceder espacios de solución de conflictos al exterior,
Thursday, 29 October 2015,

 

La gestión de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) inició en octubre de 2013. Durante 2 años ha investigado y analizado cómo el poder hegemónico se ha canalizado a través de acuerdos que, muy lejos de ser ‘bilaterales’, sitúan a los países menos desarrollados en gran desventaja. Un informe al respecto se encuentra en etapa de revisión y pronto será publicado.

Así lo aseguró a EL TELÉGRAFO Piedad Mancero, integrante de la Caitisa, quien expuso algunos de los resultados preliminares del documento. Ella, además, el 14 de octubre pasado participó en la mesa redonda denominada ‘Tratados bilaterales de inversión, empresas transnacionales y derechos humanos. Desafíos para la comunidad internacional’, que se desarrolló en la Universidad Andina.

¿Qué conclusiones han resultado de la auditoría a los tratados bilaterales de inversión (TBI)?

La globalización llega a ser una estrategia del corporativismo que cuenta con el apoyo del sistema financiero. El objetivo del poder hegemónico es ejercer dominio a través del endeudamiento y financiamiento. Entonces surgen los tratados para proteger a la inversión extranjera, los cuales arremeten fuertemente contra los países que deciden participar en este sistema. En el caso de Ecuador, la apertura se da en el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), donde se hacen reformas al marco legal, como por ejemplo en la Ley de Hidrocarburos: se llega a entregar hasta el 100% de los beneficios a las empresas.

¿Cuántos TBI ha firmado el país?

Ecuador negoció 30 tratados bilaterales de inversión, de los cuales están vigentes 26 porque 3 no fueron ratificados por la contraparte y 1 caducó. El primero se firmó en 1968 con Suiza; el segundo con Uruguay, en 1985; y con Egipto, en 1992. Los 3 primeros tratados son muy  elementales. No obstante, a partir de ese año, ya solo con Durán-Ballén se firmaron 17; con Fabián Alarcón 1; con Jamil Mahuad 2 y con Gustavo Noboa 7, los que por el contrario contienen cláusulas que ponen en riesgo al país de ser demandado e impugnado ante tribunales internacionales.

¿Qué consecuencias tienen los TBI para el país?

El mayor problema que ha tenido que enfrentar Ecuador son las demandas presentadas por las empresas transnacionales que han invertido en el país y que argumentan perjuicios en sus intereses. Se habla con mucha frecuencia de ‘la negación de justicia’, lo que ha significado que hayan demandado directamente ante tribunales internacionales de arbitraje, sin primero acudir a todas las instancias locales, porque los pactos se los permiten. Uno de los excesos al firmar esos acuerdos es admitir que se cedan espacios de solución de conflictos al exterior y que no se atienda internamente. De esa manera varias de las demandas han sido contrarias a Ecuador y nos han impuesto pagos millonarios.

¿Cuántas demandas se han presentado en contra de Ecuador?

El país ha tenido 24 demandas; de ellas, 17 o la mayoría han sido con cargo al tratado suscrito con Estados Unidos; 3 con Canadá y 1 con España, Argentina, Bolivia y Francia. De las 24 demandas, 14 han concluido y 10 están pendientes. Ecuador ha tenido que destinar tiempo y recursos humanos y monetarios para la defensa. Gracias a los alegatos sólidos se ha podido disminuir las cantidades a pagar, sin embargo, siguen pendientes.
Es decir que no solo es el valor estipulado en la sentencia, sino que el país ha tenido que invertir millonarias sumas en la defensa. Claro, también hay gastos porque la defensa es costosa. Hay que contratar estudios jurídicos y eso significa honorarios altos. Hasta mayo pasado el gasto ha sido $ 118 millones.



Dos casos emblemáticos en contra de Ecuador son los entablados por Chevron y la Oxy, ¿cómo avanzan esos procesos arbitrales?

Ya hubo un laudo en el caso de Oxy, nos sentenciaron a pagar más de $ 1.700 millones más intereses, por lo que se ha calculado en alrededor de $ 2.500 millones a diciembre de 2014. Ecuador presentó un pedido de anulación. Hay muchos elementos que sostener, por lo que Procuraduría General estaría trabajando para que en lo posible se anule el proceso y se estima que a finales de este 2015 se conozca la resolución.
Por otra parte, están los 3 casos entablados de Chevron: uno ya fue cerrado, otro está en período de revisión porque igualmente la defensa ecuatoriana apeló la sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya, que obliga a Ecuador a cancelar más de $ 96 millones e intereses, lo que llega a bordear los $ 106 millones.
Finalmente, el tercero depende del proceso de demanda que presentó la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt). Ya hubo una sentencia a favor de los demandantes, pero hasta el momento la petrolera insiste en que el Estado ecuatoriano es el que debe asumir el pago de $ 9.500 millones.

Tanto Chevron como la Oxy son transnacionales que -según el Estado y los 30 mil perjudicados- incumplieron con cláusulas y afectaron los derechos humanos. El sistema de justicia internacional los beneficiaría. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es el poder hegemónico. Estas empresas han ido acumulando poder, incluso político, ya que los países en donde se han creado estas empresas los apoyan. La justicia normalmente se pronuncia a favor de estas empresas y fundamentalmente hay que señalar que tienen un gran poder económico con grandes capacidades monetarias para imponer sus intereses.
Su naturaleza de internacionales les permite escapar hasta de la información de los países afectados. Muchas veces eso no es discutido por la opinión pública, o si se lo hace, no es suficientemente valorado ni tomado en cuenta. Ese es el enorme riesgo que corremos los países en vías de desarrollo, antiguamente conocido como el Tercer Mundo, para enfrentar este corporativismo dominante.

Justamente por ese favoritismo hacia las empresas, Ecuador renunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2009. ¿Existe otra alternativa para países, como Ecuador, que son afectados por las transnacionales y aún así enfrentan juicios?

Primero, en cuanto a los tratados bilaterales de inversión, debe haber un borra y va de nuevo. En parte ya se ha dado porque la decisión del Gobierno de Ecuador ha sido dejar insubsistentes, en lo posible, la totalidad de los tratados. No quiere decir que no van a existir acuerdos, sino que deben replantearse para que sean verdaderamente equitativos y que se precautelen los intereses de ambas partes.
Por el momento son bastante unidireccionales y no hay reciprocidad, como se plantea desde el mismo nombre de los tratados. Luego, en cuanto a solución de controversias, tiene que haber otras instancias que garanticen el respeto al derecho de los pueblos y grupos sociales perjudicados por los intereses corporativos. Entonces se han mencionado, por ejemplo, en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la creación de un centro de solución de controversias que está en proceso, pero no hay mayor avance. Otra de las alternativas que tienen los Estados miembros de la Unasur es el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, que ya fue constituido en septiembre del año pasado con sede en Caracas (Venezuela), con el propósito de vigilar los casos en que las corporaciones afectan podrían afectar a los países. (I)