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Un exceso de los TBI


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es ceder espacios de solución de conflictos al exterior

La gestión de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) inició en octubre de 2013. Durante 2 años ha investigado y analizado cómo el poder hegemónico se ha canalizado a través de acuerdos que, muy lejos de ser ‘bilaterales’, sitúan a los países menos desarrollados en gran desventaja. Un informe al respecto se encuentra en etapa de revisión y pronto será publicado.

Así lo aseguró a EL TELÉGRAFO Piedad Mancero, integrante de la Caitisa, quien expuso algunos de los resultados preliminares del documento. Ella, además, el 14 de octubre pasado participó en la mesa redonda denominada ‘Tratados bilaterales de inversión, empresas transnacionales y derechos humanos. Desafíos para la comunidad internacional’, que se desarrolló en la Universidad Andina.

Qué conclusiones han resultado de la auditoría a los tratados bilaterales de inversión (TBI)?

La globalización llega a ser una estrategia del corporativismo que cuenta con el apoyo del sistema financiero. El objetivo del poder hegemónico es ejercer dominio a través del endeudamiento y financiamiento. Entonces surgen los tratados para proteger a la inversión extranjera, los cuales arremeten fuertemente contra los países que deciden participar en este sistema. En el caso de Ecuador, la apertura se da en el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), donde se hacen reformas al marco legal, como por ejemplo en la Ley de Hidrocarburos: se llega a entregar hasta el 100% de los beneficios a las empresas.

Cuántos TBI ha firmado el país?

Ecuador negoció 30 tratados bilaterales de inversión, de los cuales están vigentes 26 porque 3 no fueron ratificados por la contraparte y 1 caducó. El primero se firmó en 1968 con Suiza; el segundo con Uruguay, en 1985; y con Egipto, en 1992. Los 3 primeros tratados son muy  elementales. No obstante, a partir de ese año, ya solo con Durán-Ballén se firmaron 17; con Fabián Alarcón 1; con Jamil Mahuad 2 y con Gustavo Noboa 7, los que por el contrario contienen cláusulas que ponen en riesgo al país de ser demandado e impugnado ante tribunales internacionales.

Qué consecuencias tienen los TBI para el país?

El mayor problema que ha tenido que enfrentar Ecuador son las demandas presentadas por las empresas transnacionales que han invertido en el país y que argumentan perjuicios en sus intereses. Se habla con mucha frecuencia de ‘la negación de justicia’, lo que ha significado que hayan demandado directamente ante tribunales internacionales de arbitraje, sin primero acudir a todas las instancias locales, porque los pactos se los permiten. Uno de los excesos al firmar esos acuerdos es admitir que se cedan espacios de solución de conflictos al exterior y que no se atienda internamente. De esa manera varias de las demandas han sido contrarias a Ecuador y nos han impuesto pagos millonarios.

Cuántas demandas se han presentado en contra de Ecuador?

El país ha tenido 24 demandas; de ellas, 17 o la mayoría han sido con cargo al tratado suscrito con Estados Unidos; 3 con Canadá y 1 con España, Argentina, Bolivia y Francia. De las 24 demandas, 14 han concluido y 10 están pendientes. Ecuador ha tenido que destinar tiempo y recursos humanos y monetarios para la defensa. Gracias a los alegatos sólidos se ha podido disminuir las cantidades a pagar, sin embargo, siguen pendientes.
Es decir que no solo es el valor estipulado en la sentencia, sino que el país ha tenido que invertir millonarias sumas en la defensa. Claro, también hay gastos porque la defensa es costosa. Hay que contratar estudios jurídicos y eso significa honorarios altos. Hasta mayo pasado el gasto ha sido $ 118 millones.

Dos casos emblemáticos en contra de Ecuador son los entablados por Chevron y la Oxy, ¿cómo avanzan esos procesos arbitrales?

Ya hubo un laudo en el caso de Oxy, nos sentenciaron a pagar más de $ 1.700 millones más intereses, por lo que se ha calculado en alrededor de $ 2.500 millones a diciembre de 2014. Ecuador presentó un pedido de anulación. Hay muchos elementos que sostener, por lo que Procuraduría General estaría trabajando para que en lo posible se anule el proceso y se estima que a finales de este 2015 se conozca la resolución.

Por otra parte, están los 3 casos entablados de Chevron: uno ya fue cerrado, otro está en período de revisión porque igualmente la defensa ecuatoriana apeló la sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya, que obliga a Ecuador a cancelar más de $ 96 millones e intereses, lo que llega a bordear los $ 106 millones.

Finalmente, el tercero depende del proceso de demanda que presentó la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt). Ya hubo una sentencia a favor de los demandantes, pero hasta el momento la petrolera insiste en que el Estado ecuatoriano es el que debe asumir el pago de $ 9.500 millones.

Tanto Chevron como la Oxy son transnacionales que -según el Estado y los 30 mil perjudicados- incumplieron con cláusulas y afectaron los derechos humanos. El sistema de justicia internacional los beneficiaría. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Es el poder hegemónico. Estas empresas han ido acumulando poder, incluso político, ya que los países en donde se han creado estas empresas los apoyan. La justicia normalmente se pronuncia a favor de estas empresas y fundamentalmente hay que señalar que tienen un gran poder económico con grandes capacidades monetarias para imponer sus intereses.

Su naturaleza de internacionales les permite escapar hasta de la información de los países afectados. Muchas veces eso no es discutido por la opinión pública, o si se lo hace, no es suficientemente valorado ni tomado en cuenta. Ese es el enorme riesgo que corremos los países en vías de desarrollo, antiguamente conocido como el Tercer Mundo, para enfrentar este corporativismo dominante.

Justamente por ese favoritismo hacia las empresas, Ecuador renunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2009. ¿Existe otra alternativa para países, como Ecuador, que son afectados por las transnacionales y aún así enfrentan juicios?

Primero, en cuanto a los tratados bilaterales de inversión, debe haber un borra y va de nuevo. En parte ya se ha dado porque la decisión del Gobierno de Ecuador ha sido dejar insubsistentes, en lo posible, la totalidad de los tratados. No quiere decir que no van a existir acuerdos, sino que deben replantearse para que sean verdaderamente equitativos y que se precautelen los intereses de ambas partes.

Por el momento son bastante unidireccionales y no hay reciprocidad, como se plantea desde el mismo nombre de los tratados. Luego, en cuanto a solución de controversias, tiene que haber otras instancias que garanticen el respeto al derecho de los pueblos y grupos sociales perjudicados por los intereses corporativos. Entonces se han mencionado, por ejemplo, en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la creación de un centro de solución de controversias que está en proceso, pero no hay mayor avance. Otra de las alternativas que tienen los Estados miembros de la Unasur es el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, que ya fue constituido en septiembre del año pasado con sede en Caracas (Venezuela), con el propósito de vigilar los casos en que las corporaciones afectan podrían afectar a los países. (I)

Experiencia ecuatoriana en revisión de sistemas de protección


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de inversiones se expuso en New York

y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), participó como ponente en la décima Conferencia Internacional sobre Inversión, organizada por el Centro de Inversión Sostenible de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad – en inglés).

Este año la conferencia tuvo como tema central el proceso de reforma y revisión de los tratados y las políticas de protección de inversiones. Pino formó parte del panel que abordó los procesos de revisión de los tratados y del sistema internacional de protección de inversiones que se han desarrollado en países como Indonesia, Sudáfrica y Ecuador.

Pino señaló que el proceso en Ecuador tiene su origen en los cambios estructurales aplicados para desmantelar las políticas neoliberales aplicadas hasta antes de 2007, como el desmantelamiento de la capacidad estatal y el establecimiento de un régimen jurídico y económico que facilitaba el flujo de capitales y la protección de inversiones extranjeras sin limitaciones.

Por ello, resaltó que de acuerdo con el nuevo modelo de desarrollo consagrado en la Constitución de 2008, la inversión extranjera directa debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo. Por lo tanto, no es un fin, “sino un medio que debe ser promovido y protegido por el Estado como cualquier otra actividad económica, tomando en cuenta sus particularidades”, dijo.

En ese contexto, una revisión del sistema internacional de protección de inversiones debe considerar elementos tales como la revisión de la definición de inversión que asegure su contribución al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país. También debe contemplar el establecimiento de obligaciones para los inversionistas como: la transferencia de tecnología; la aplicación de buenas prácticas laborales, ambientales y tributarias; y la transparencia y control social sobre los procesos de arbitraje internacional.Este año la conferencia tuvo como tema central el proceso de reforma y revisión de los tratados y las políticas de protección de inversiones. Pino formó parte del panel que abordó los procesos de revisión de los tratados y del sistema internacional de protección de inversiones que se han desarrollado en países como Indonesia, Sudáfrica y Ecuador.

Pino señaló que el proceso en Ecuador tiene su origen en los cambios estructurales aplicados para desmantelar las políticas neoliberales aplicadas hasta antes de 2007, como el desmantelamiento de la capacidad estatal y el establecimiento de un régimen jurídico y económico que facilitaba el flujo de capitales y la protección de inversiones extranjeras sin limitaciones.

Por ello, resaltó que de acuerdo con el nuevo modelo de desarrollo consagrado en la Constitución de 2008, la inversión extranjera directa debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo. Por lo tanto, no es un fin, “sino un medio que debe ser promovido y protegido por el Estado como cualquier otra actividad económica, tomando en cuenta sus particularidades”, dijo.

En ese contexto, una revisión del sistema internacional de protección de inversiones debe considerar elementos tales como la revisión de la definición de inversión que asegure su contribución al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país. También debe contemplar el establecimiento de obligaciones para los inversionistas como: la transferencia de tecnología; la aplicación de buenas prácticas laborales, ambientales y tributarias; y la transparencia y control social sobre los procesos de arbitraje internacional.

Prensa


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El integrante de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA), Alberto Arroyo, informó que con los tratados de inversión se benefician las grandes empresas

Ecuador impulsa

El 90% de los Tratados Bilaterales de Inversión fue celebrado cuando imperaron políticas de corte neoliberal. Como resultado somos la tercera nación del mundo con mayor número de demandas.

Caitisa arroja

  • sus primeras observaciones a los TBI

La comisión ciudadana que audita los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) firmados por Ecuador, informó los hallazgos y proyecciones realizadas desde su instalación hasta ahora, con miras al informe final que presentará en diciembre próximo.

Asamblea Ciudadanaa

  • para el Buen Vivir

En Ciudad Alfaro días atrás se desarrolló la IV Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV), instancia de consulta y diálogo directo entre el Estado y la ciudadanía en la definición y formulación de los lineamientos nacionales de desarrollo,

Andrés Arauz

  • insta a dar seguimiento a los arbitrajes internacionales

En el marco de la celebración de la IV Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, celebrada en Montecristi (Manabí), el subsecretario nacional de Planificación para el Buen Vivir, Andrés Arauz, expuso sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la afectación

Galería de fotos


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Nombre Descripción Fecha de creación
Lago Agrio El pasado martes, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, líderes, asambleístas y consejeros ciudadanos de la Zona 1 Norte (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos) conocieron sobre la importancia del trabajo que realiza la Comisión para la Auditoría Inte 28/07/
Quito Fotos socialización Quito 28/07/
Machala Fotos de sociabilización en Machala 28/07
1ra reunión Caitisa Los miembros de la Comisión encargada de auditar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados por el Ecuador, calificaron como “impecable” la decisión del Gobierno ecuatoriano de impulsar este proceso, pues es visto en la región como inédito y coh 28/07/
La incidencia de los TBI en debate Este jueves, los integrantes de la Caitisa, expusieron sobre la incidencia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). 28/07/
Caitisa concluyó su trabajo y aprobó el informe de auditoría Caitisa concluyó su trabajo y aprobó el informe de auditoría 28/07/

Tercer eje


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Para el tercer eje: Relación entre los TBI, inversión extranjera y modelo de desarrollo, la Comisión evalúa los resultados de la inversión extranjera directa en el Ecuador con la firma de los tratados, así como el tipo de inversión que realizaron las transnacionales que ahora demandan al país y los efectos sociales que provocaron.

Segundo eje


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Para el segundo eje: El sistema de arbitraje de inversiones y casos contra Ecuador, los comisionados analizan las demandas por parte de las transnacionales contra el país, una primera lectura de este análisis, es que el 70% de estas demandas se concentran entre 2006 y 2012.

Primer eje


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Los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBI) del Ecuador. La Comisión está analizando los TBI firmados por Ecuador desde finales de los años 60 hasta el 2006. Sobre esta base se está trabajando en el análisis pormenorizado de las  cláusulas de los tratados. Otra de las labores es la revisión de los textos, al amparo de las cuatro últimas constituciones del país, para verificar si al firmarse eran compatibles con la Carta Magna respectiva.

Boletines


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Caitisa entregó informe final de los TBI al Ejecutivo

Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), entregó este lunes el informe final de auditoría de los 27 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), al presidente de la República, Rafael Correa.

La comisión concluyó que estos tratados no han traído inversión. El sector que presenta mayor cantidad de demandas es la explotación petrolera; se ha hecho un análisis de los casos y los inversores han salido favorecidos en un 67%.
Olivet indicó que “mientras las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, los costos han sido extraordinarios”. El total de las demandas de inversores contra el Estado ha sido de 21.200 MMUSD, de los que ya se han desembolsado como pago 1.498 MMUSD que representa el 31% del presupuesto de educación, 62% de salud y vivienda para 239.000 familias.
Además, 1.342 MMUSD se destinaron para el pago a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy; y otros 156 MMUSD a árbitros y bufetes de abogados.

Aún queda las demandas en casos pendientes que suman $ 13.410 millones, es decir el 52% del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2017.

La representante de Caitisa explicó que ninguno de los TBI pasó por un proceso de socialización. En la mayoría de los casos no  hubo un debate legislativo, los documentos fueron firmados y ratificados automáticamente.
Por lo expuesto, las recomendaciones de la Comisión fueron concluir el proceso de denuncia de los TBI; diseñar contratos internacionales de inversión con derechos restringidos y obligaciones para los inversores; nuevos tratados con base en un Modelo Alternativo de Tratado de Inversión.

Luego de recibir el informe, el Primer Mandatario recordó que los TBI “han debilitado nuestra soberanía, han escondido multimillonarios negocios y nos han causado grandes perjuicios”, por lo que continuará con el proceso.

Introducción


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conjunto de la región. Esto parecía confirmar que laestrategia de protección de la IED era correcta. Asítambién se acrecentaban las expectativas sobre lacapacidad de las inversiones provenientes del exterior para contribuir a un mayor crecimiento del país. Sin embargo, en la década siguiente, los ritmos de llegada de IED se estancaron. Se habían entregado áreas de explotación de alta rentabilidad, se había limitado las capacidades del Estado, se habían otorgado grandes privilegios y el país no despegaba. Por otro lado, surgieron un gran número de demandas
millonarias de empresas trasnacionales que comienzan a hacer uso de los privilegios de los acuerdos de protección de inversiones para frenar cualquier intento de política pública que pueda disminuir las ganancias esperadas.

Poco a poco comienza a tomar fuerza la necesidad de constatar si la firma de acuerdos de protección de inversiones realmente había logrado los objetivos buscados, no solo de atracción de la IED, sino si esta había generado los beneficios esperados para el país receptor. A nivel internacional, la academia comienza a preguntar si verdaderamente hay una relación directa y causal entre la firma de TBI y el aumento de la IED. Muchos contestan que no.2 Hay evidencia empírica de que el aumento de IED de los 90 tuvo otros factores, entre ellos, aprovechar los procesos de privatizaciones que se realizaron desde los primeros gobiernos neoliberales.

Los movimientos sociales de varias partes del mundo, que por décadas libraron luchas contra los derechos excesivos de los inversionistas consagrados en Acuerdos de Inversiones, por ejemplo contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), vuelven a enfatizar la necesidad de los Estados de recuperar soberanía y poder regulatorio. Así también, manifiestan que es necesario impulsar un nuevo régimen internacional para la inversión extranjera que privilegie los derechos humanos, los derechos de los pueblos y de la naturaleza por encima del derecho comercial. Estos movimientos sociales en Ecuador, y a nivel latinoamericano, expresaron su apoyo a la iniciativa ecuatoriana
de realizar una auditoría sobre los TBI.

El contexto internacional, no solo la academia y los movimientos sociales, se preguntan si el balance de la firma de TBI es positivo. Organismos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), avalados por
un gran número de investigaciones empíricas sobre los flujos de inversión extranjera y sus efectos en las economías receptoras, han cambiado sus posturas y han comenzado a cuestionar los beneficios del actual sistema de protección de las inversiones. Estas organizaciones proponen cambios en el modelo de protección de inversiones a fin de compaginar la seguridad jurídica, hacer atractiva la inversión y, a la vez, mantener la capacidad regulatoria del Estado yde orientar la IED según las prioridades nacionales.3 Recientemente, algunos gobiernos en América
Latina, pero también en otros continentes, han decidido desvincularse de estos tratados. Países tandispares como Sudáfrica y Australia, y más recientemente Indonesia y Pakistán, han realizado procesos de revisión de su política de protección de inversiones.

Tanto Australia como Sudáfrica concluyeron que la misma necesitaba cambios radicales.4 Sudáfrica e Indonesia, junto con Bolivia, Venezuela y Ecuador, son países que ya han comenzado a terminar los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, y están en proceso de desarrollar modelos alternativos que guiarán la firma de futuros
acuerdos de esta naturaleza.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa, desdesu primera campaña electoral, ha sido crítico de estos tratados y ha lanzado iniciativas internacionales contra este esquema al que califica como perverso. El proceso de revisión del modelo de protección de inversiones ecuatoriano comenzó a mediados de la década del 2000. Especialmente a partir de la ratificación de la Constitución de 2008 que reafirma y fortalece el mandato de un Estado regulador, lo que
entra en contradicción con los compromisos contraídos en los TBI.

En Ecuador, la preocupación siguió creciendo conforme aumentaban el número de demandas millonarias de los inversionistas ante actos soberanos de recuperación y defensa del patrimonio nacional hipotecado en el pasado a favor de intereses externos.