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Introducción


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conjunto de la región. Esto parecía confirmar que laestrategia de protección de la IED era correcta. Asítambién se acrecentaban las expectativas sobre lacapacidad de las inversiones provenientes del exterior para contribuir a un mayor crecimiento del país. Sin embargo, en la década siguiente, los ritmos de llegada de IED se estancaron. Se habían entregado áreas de explotación de alta rentabilidad, se había limitado las capacidades del Estado, se habían otorgado grandes privilegios y el país no despegaba. Por otro lado, surgieron un gran número de demandas
millonarias de empresas trasnacionales que comienzan a hacer uso de los privilegios de los acuerdos de protección de inversiones para frenar cualquier intento de política pública que pueda disminuir las ganancias esperadas.

Poco a poco comienza a tomar fuerza la necesidad de constatar si la firma de acuerdos de protección de inversiones realmente había logrado los objetivos buscados, no solo de atracción de la IED, sino si esta había generado los beneficios esperados para el país receptor. A nivel internacional, la academia comienza a preguntar si verdaderamente hay una relación directa y causal entre la firma de TBI y el aumento de la IED. Muchos contestan que no.2 Hay evidencia empírica de que el aumento de IED de los 90 tuvo otros factores, entre ellos, aprovechar los procesos de privatizaciones que se realizaron desde los primeros gobiernos neoliberales.

Los movimientos sociales de varias partes del mundo, que por décadas libraron luchas contra los derechos excesivos de los inversionistas consagrados en Acuerdos de Inversiones, por ejemplo contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), vuelven a enfatizar la necesidad de los Estados de recuperar soberanía y poder regulatorio. Así también, manifiestan que es necesario impulsar un nuevo régimen internacional para la inversión extranjera que privilegie los derechos humanos, los derechos de los pueblos y de la naturaleza por encima del derecho comercial. Estos movimientos sociales en Ecuador, y a nivel latinoamericano, expresaron su apoyo a la iniciativa ecuatoriana
de realizar una auditoría sobre los TBI.

El contexto internacional, no solo la academia y los movimientos sociales, se preguntan si el balance de la firma de TBI es positivo. Organismos internacionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), avalados por
un gran número de investigaciones empíricas sobre los flujos de inversión extranjera y sus efectos en las economías receptoras, han cambiado sus posturas y han comenzado a cuestionar los beneficios del actual sistema de protección de las inversiones. Estas organizaciones proponen cambios en el modelo de protección de inversiones a fin de compaginar la seguridad jurídica, hacer atractiva la inversión y, a la vez, mantener la capacidad regulatoria del Estado yde orientar la IED según las prioridades nacionales.3 Recientemente, algunos gobiernos en América
Latina, pero también en otros continentes, han decidido desvincularse de estos tratados. Países tandispares como Sudáfrica y Australia, y más recientemente Indonesia y Pakistán, han realizado procesos de revisión de su política de protección de inversiones.

Tanto Australia como Sudáfrica concluyeron que la misma necesitaba cambios radicales.4 Sudáfrica e Indonesia, junto con Bolivia, Venezuela y Ecuador, son países que ya han comenzado a terminar los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, y están en proceso de desarrollar modelos alternativos que guiarán la firma de futuros
acuerdos de esta naturaleza.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa, desdesu primera campaña electoral, ha sido crítico de estos tratados y ha lanzado iniciativas internacionales contra este esquema al que califica como perverso. El proceso de revisión del modelo de protección de inversiones ecuatoriano comenzó a mediados de la década del 2000. Especialmente a partir de la ratificación de la Constitución de 2008 que reafirma y fortalece el mandato de un Estado regulador, lo que
entra en contradicción con los compromisos contraídos en los TBI.

En Ecuador, la preocupación siguió creciendo conforme aumentaban el número de demandas millonarias de los inversionistas ante actos soberanos de recuperación y defensa del patrimonio nacional hipotecado en el pasado a favor de intereses externos.

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